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La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico ha sido acusada formalmente de crímenes ambientales. Tendrá que pagar $10 millones en multas criminales y civiles y tendrá que desembolsar $1.7 mil millones para mejorar el tratamiento de aguas residuales

WASHINGTON, DC—La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico entró en un acuerdo de culpabilidad en una acusación formal por 15 cargos de delitos mayores al violar la Ley Federal de Agua Limpia por motivo de descargar ilegalmente contaminantes de nueve plantas de tratamiento sanitario de aguas residuales y cinco plantas de tratamiento de agua potable, anunciaron hoy el Departamento de Justicia de EE.UU. y la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. Conforme al acuerdo de culpabilidad, la AAA pagará una multa criminal de $9 millones, la multa más grande que haya pagado una empresa de servicio público por violar la Ley de Agua Limpia. Además, se alcanzó un acuerdo de transacción civil global entre AAA y los Estados Unidos de América a fin de resolver repetidas violaciones ambientales en 61 plantas de tratamiento en todo el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

En el convenio civil, la AAA desembolsará un estimado de $1.7 mil millones para implementar proyectos de mejoras de capital (CIP, por sus siglas en inglés) y otras medidas correctivas de remediación en todas sus 61 plantas de tratamiento de aguas residuales y sistemas de recolección relacionados durante los próximos 15 años. Para cumplir con arreglo concertado, AAA completará 145 proyectos de mejoras de capital a corto, mediano, y largo plazo, que incluirán la instalación de equipo de declorinación, la instalación de equipo de clorinación de flujo proporcional, el equipo de reparación y reemplazo, así como implementación sobre el programa de tratamiento químico para la remoción fosforosa, entre otros elementos.

“Las acciones criminales y civiles de hoy representan un paso histórico para asistir a la AAA, un ofensor con un extenso historial de violaciones, a cumplir con la Ley de Agua Limpio, una ley que protege tanto el pueblo como el medio ambiente de Puerto Rico de Puerto Rico de la exposición indebida a contaminantes dañinos”, declaró Sue Ellen Woodldridge, Fiscal Auxiliar Federal de la División del Ambiente y Recursos Naturales del Departamento de Justicia de EE.UU. “Estamos satisfechos de haber logrado una resolución a estos asuntos, y que la AAA haya acordado hacer las mejoras y comprometer los fondos necesarios para asegurar mejoras significativas a sus plantas de tratamiento de aguas residuales”.

“La administración Bush está obligando a los contaminantes a rendir cuentas por sus acciones y está utilizando las herramientas de cumplimiento para mejorar nuestro medio ambiente y proteger la salud pública”, declaró Granta Y Nakayama, administrador adjunto de la Oficina para la Aplicación y el Cumplimiento de Derecho Ambiental de la EPA. “Esta acción es la multa criminal mayor que jamás que haya pagado por una empresa de servicio público bajo la Ley de Agua Limpia”.

Esta mañana, el gran jurado federal en San Juan presentó una acusación formal de 15 cargos acusando a la AAA por violaciones criminales de la Ley de Agua Limpia que surgen del rol desempeñado como dueño y operador, y por su conducta en la operación y la gestión de los sistemas de tratamiento de aguas residuales y agua potable en Puerto Rico. El Departamento de Justicia también radicó esta mañana un acuerdo de culpabilidad con AAA bajo el cual dicha empresa pública se declarará culpable de la acusación formal radicada por el gran jurado. Conforme al acuerdo de culpabilidad, la AAA pagará una multa de $9 millones, completará mejoras de capital en nueve sistemas de tratamiento de aguas residuales de cerca de $109 millones, desembolsará $10 millones para corregir las descargas del Caño de Martín Peña y servirá un término de probatoria de cinco años. Además, bajo el decreto civil consensual, se le requerirá a la AAA a cumplir plenamente con los términos del decreto de consentimiento civil y AAA ha acordado que la corte podrá extender el plazo de probatoria de la AAA, con todas las opciones de sentencias disponibles, a fin de asegurar que la AAA entre en un cumplimiento sustancial con las condiciones de probatoria.

“Este convenio récord reafirma el compromiso de la Administración Bush de proteger la salud pública y el medio ambiente”, declaró Alan J. Steinberg, administrador regional de EPA. “El arreglo propuesto y el convenio de alegado abordan un historial de incumplimiento por parte de la AAA que ha resultado en la descarga de millones de galones de aguas cloacales indebidamente tratadas y aguas negras mediante descargas ilegales. Una vez que se tomen las acciones bajo el decreto de consentimiento civil y el acuerdo de culpabilidad, la calidad del ambiente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico mejorará”.

“La Oficina del Fiscal Federal en Puerto Rico está comprometida con el cumplimiento ambiental destinado a mejorar la calidad de vida en Puerto Rico especialmente la calidad del agua”, sostuvo Rosa Emilia Rodríguez Vélez, fiscal de EE.UU. del Distrito de Puerto Rico.

La transacción civil de hoy resuelve las alegaciones que la AAA violó los permisos de descarga de contaminación emitidos por la EPA conforme a la Ley de Agua Limpia, no operó adecuadamente ni brindó el mantenimiento debido a todas las 61 instalaciones de tratamiento de agua; y descargó aguas sin tratar de las alcantarillas por siete sistemas de recolección en violación a la Ley de Agua Limpia. Además de cerca de $1.7 mil millones en mejoras de capital y otras medidas de remediación, la AAA pagará una multa civil de $1 millón e implementará un proyecto ambiental suplementario por un costo estimado de $3 millones. Este proyecto le exige a la AAA a brindar servicio de alcantarillas a al menos una comunidad en la Isla que no este conectada a las instalaciones de la AAA.

El abogado principal para litigios Howard Stewart del Departamento de Justicia de EE.UU., la ayudante especial de la Sección de Crímenes Ambientales de la Oficina del Fiscal Federal Silvia Carreño de la Fiscalía Federal en Puerto Rico son los fiscales criminalistas en este caso. La principal abogada Patricia A. McKenna de la Sección de Cumplimiento Ambiental del Departamento de Justicia de EE.UU., y la fiscal auxiliar Isabel Muños de la Oficina de Fiscalía Federal en Puerto Rico son los fiscales civiles en este caso. En la EPA, Diane Gomes. Abogada regional auxiliar; Chrarles Hoffman, abogado regional asociado para cumplimiento criminal; Jaime Géliga, de la División Caribeña de Protección Ambiental; el agente especial del FBI William Lometti, y el agente especial asociado del FBI Jonathan Thalasinos desempeñaron un papel instrumental en esta acción.

El decreto de consentimiento estará sujeto a un periodo de 30 días de comentarios públicos y estará disponible en el sitio Web del Departamento de Justicia de EE.UU. en el http://www.usdoj.gov/enrd/open.html Para más información, favor de visitar www.epa.gov/region2.


Fecha de publicación:06/22/2006 Reciba nuestros comunicados de prensa automáticamente por correo electrónico